El Congreso nuestro de cada día

La aprobación del Congreso es baja. Todavía no llega a los niveles que tuvo antes de la disolución de éste por parte de Martín Vizcarra, pero un dato no menor es que sus altos niveles de desaprobación superan a los del presidente Pedro Castillo. Lo anterior supone un problema para la democracia y sus instituciones. La debilidad del Congreso y el rechazo que genera de cara a la opinión pública es una muestra más de nuestra precariedad institucional y de graves consecuencias políticas.

Se ha hecho una constante en el último tiempo no solo criticar la labor legislativa, sino también evaluar a los propios congresistas, indagar sus antecedentes políticos, laborales y personales. De ello se han encargado los medios de comunicación, quienes como juez —y muchas veces parte— definen si un congresista es “apto” o no para ejercer esa función. La valoración moral de este resulta estar por encima de la evaluación de las políticas públicas que impulsa o el ejercicio de su función congresal. Es así que muchas veces la ciudadanía juzga a sus representantes en el Congreso en base a criterios morales, personales y no en función a su desempeño, a su rol y a las políticas que impulsa desde su respectivo escaño.

Es cierto que para buena parte de la opinión pública los representantes en el Congreso no son los más idóneos y tienen una serie de falencias. Quizá solo basta escuchar algunas intervenciones —leídas— en el Congreso para darnos cuenta de la falta de preparación de muchos de los “padres de la patria”. Pero ello es también responsabilidad de la propia ciudadanía, que irresponsablemente terminó aprobando vía referéndum una ley para impedir la reelección de los congresistas (algunos pocos señalaron los peligros de aprobar dicha propuesta del expresidente Vizcarra). 

“Lo cierto es que la crisis de representatividad que tiene el Congreso es crónica y refleja también la crisis de los partidos políticos en general”.

Finalmente lo que sucede es que cada vez se tiene una representación más mala e improvisada que la anterior, y es que la solución no pasa por prohibir reelecciones sino por medidas como terminar con el voto preferencial como parte de una reforma política integral. Y que también la propia ciudadanía tenga un voto más reflexivo al que se contribuya desde los medios de comunicación a fin de favorecer un debate político alturado, de propuestas y no un espectáculo frívolo donde se presente a la política como un circo lleno de personajes con intereses poco transparentes.

Lo cierto es que la crisis de representatividad que tiene el Congreso es crónica y refleja también la crisis de los partidos políticos en general. Estos existen solo para las elecciones como vientres de alquiler, llenando sus listas de “invitados” sin mayor trayectoria política en sus filas. Y al poco tiempo de asumir como congresistas renuncian a la organización que los cobijo o buscan hacer bancadas distintas a las de sus organizaciones, este es el famoso y ya naturalizado “transfuguismo” político.

Para que el Congreso recupere niveles de legitimidad ante la población, no solo deberá escuchar a la calle o las encuestas al momento de aprobar e impulsar determinados proyectos ley, sino también tener una agenda medianamente seria que exprese determinados consensos como los que se establecieron en el Acuerdo Nacional en el año 2002. Además debe dejar de lado agendas políticas y personales subalternas como el pretender vacar al presidente, recortarle atribuciones y boicotear la labor del ejecutivo.