Entre vacancia y disolución

Lamentablemente el ejercicio abusivo y atrevido del poder que confiere la ley al Legislativo, con la desmedida y macabra intención de allanar el camino hacia la tan ansiada vacancia, que sueñan los oscuros tentáculos de los grupos de poder, dando empellones, a fuerza de insistencia, han emitido la tan discutida “Ley de la cuestión de confianza”. Con ello, el Congreso quebró el equilibrio de poderes que dispone en el centro del actual modelo constitucional, y que es el sostén de la democracia y guardián de la gobernabilidad. También han demostrado ostentar una desquiciada incoherencia y que no les importa en lo más mínimo la Constitución que dicen defender.

Frente al desatino congresal, al Ejecutivo no le queda otra que plantear, como ya lo ha hecho, la respectiva Acción de Inconstitucionalidad, para que sea el Tribunal Constitucional quien haga prevalecer el imperio de la Ley y respeto al Orden Constitucional. Además, recordarle al Poder Legislativo que con una Ley Ordinaria no se puede modificar o reformar la Constitución. Al respecto, el TC ya sentó jurisprudencia en dos fallos del 2018 y 2019. La primera (Nro. 006-2018-PI/TC) fue presentada en contra del Reglamento del Congreso; y es que a través de este reglamento que tiene carácter de Ley, se intentó limitar las funciones del Poder Ejecutivo. En esta sentencia el TC encuentra que no era viable, porque afectaba el principio del equilibrio y la separación de poderes, que realmente son principios y pilares del núcleo de la Constitución.

En efecto, nuestra Carta Magna al seguir un Sistema Semipresidencialista trató de darle mayores herramientas al Ejecutivo. Pero para que no exista un poder sobre el otro se desarrollan ciertos balances. Aquí la cuestión de confianza, va en contrapeso con la censura. Así como el Ejecutivo tiene la potestad de presentar la cuestión de confianza, el Congreso tiene la potestad de censurarlo, de manera que no se puede modificar uno sin el otro, de lo contrario se estaría dando mayor fuerza a un Poder sobre el otro.

Veamos que así como el Congreso tiene la facultad de censurar a los ministros bajo su capacidad de control político, el Ejecutivo debe conservar la libertad de presentar una cuestión de confianza, para que pueda desarrollar no solo las políticas de gobierno, sino además cumplir los fines del Estado.

“Así como el Ejecutivo tiene la potestad de presentar la cuestión de confianza, el Congreso tiene la potestad de censurarlo”.

La Segunda Sentencia del TC (Nro. 006-2019-CC/TC), competencial sobre la disolución del Congreso. Se trata de darles potestad a ambos poderes, para que hagan el contrapeso en sus funciones: el Ejecutivo para desarrollar sus políticas, hacer cumplir la ley y velar por el cumplimiento de la Constitución; y el Legislativo también de poder desarrollar su control político sin tantas restricciones.

Ahora bien, planteada la Acción de Inconstitucionalidad, esperamos que los magistrados del TC ratifiquen la posición institucional, sin olvidar su misión de defender sus fueros y si actúan en defensa de sus votos singulares. Es posible que no se alcancen los cinco votos para anular la ley aprobada y, por tanto, nos obliguen a convivir con una infracción Constitucional. No olvidemos que los congresistas son pasibles de juicio político, que puede concluir en una sanción en la figura de la inhabilitación. Esta Ley de marras, no solo es inconstitucional porque pone en desventaja al Ejecutivo, sino que además trae la maquiavélica intención de la vacancia presidencial, según la perspectiva de la oposición. Y desde la otra orilla, El Ejecutivo, más allá de las inconsistencias e indecisiones frente a las acciones de desestabilización, se toman acciones preventivas que parten de la desconfianza, llegando hasta inclusive adelantarse con una eventual disolución del Congreso.