Estado y municipalización perversa

La municipalización perversa se da cuando los ministerios, gobiernos regionales y otras entidades públicas organizan eventos y programan actividades en provincias, pero a condición sean financiadas por las municipalidades, por ejemplo: los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Le piden a los gobiernos locales asumir el gasto de pasajes, alimentación, hospedaje y otros, para el traslado de los equipos multidisciplinarios (Abogados, Psicólogos, Asistentas Sociales, etc.) para brindar atención a la población. Lo mismo el Gobierno Regional, se desató el riesgo de la Mosca Blanca que ataca a los olivos, le solicita a la municipalidad que pague el costo de traslado de los profesionales; igual ocurre con AgroBanco (Banco Agrario), que requiere de una oficina y secretaria para el registro de prestatarios y se lo piden al alcalde. Hasta el Poder Judicial, acude al Concejo Municipal para que con su peculio lleve a cabo los comicios para la elección de los Jueces de Paz; los Programas Sociales (Pensión 65, Beca 18, etc.) le piden a las entidades ediles proporcionen ambientes y personal para atender en las localidades; y SUTRAN, le requiere recintos sirvan de depósitos para los vehículos infractores.

En cuanto a Educación (MINEDU).-

Lo mismo sucede con Educación (MINEDU), determinados distritos necesitan de docentes, vía convenio —la UGEL, la APAFA y la Dirección del Colegio— hacen que las municipalidades remuneren a tales profesionales, como también a los vigilantes. Es más, en varios lugares los profesores tienen reuniones en las sedes institucionales de la UGEL, para trasladarse piden apoyo de movilidad al concejo municipal; inclusive las Universidades Públicas, crean una Filial en alguna provincia, lo hacen a condición que el municipio ponga el terreno, subvencione el expediente técnico, presupueste la construcción de la infraestructura física, hasta aporte para viáticos de los catedráticos. QaliWarma, pide a los Gobiernos Locales, construyan cocinas y comedores escolares en los colegios, también le piden movilidad para el monitoreo, capacitación, reunión y conformación de los CAE (Comité Escolar de Alimentación).

Lo mismo con Salud (MINSA).-

El MINSA organiza una campaña de vacunación a favor de la niñez y población. Le pide a la municipalidad colabore con combustible, refrigerios, movilidad y otros. Planifica un curso de control, operación y mantenimiento de sistemas de saneamiento básico. Le piden a los municipios apoyen con movilidad y viáticos para los profesionales de salud asistentes.

“Descentralización municipalizadora ¡sí! Pero con recursos humanos calificados itinerantes y económicos suficientes”.

Municipalidades y la COVID-19.-

En el combate a la pandemia mundial de la COVID-19, los gobiernos locales han jugado un rol importante en la distribución de canastas de alimentos; uso de vehículos en el traslado de pacientes a centros hospitalarios, para el transporte de balones de oxígeno; adquisición de medicamentos, mascarillas, etc. Sin desconocer imperdonables deficiencias en no tener al día el padrón del SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares), por el cual se tiene registrado a nuestros hermanos pobres y pobres extremos a dónde orientar los programas sociales de lucha contra la pobreza.

Igual en Seguridad Ciudadana.-

Hasta el Congreso de la República se suma al abusivo proceso de municipalización perversa al aprobar la Ley Nº 29611, Ley que Modifica la Ley Nº 29010, Ley que Faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional del Perú. Y la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la misma dispone: “Los gobiernos regionales y gobiernos locales están facultados para realizar gastos de inversión en materia de seguridad ciudadana, infraestructura y equipamiento en el ámbito de su jurisdicción y con cargo a los recursos procedentes de toda fuente de financiamiento… Para tal efecto, se suscriben convenios con el Ministerio del Interior conjuntamente con la Policía Nacional del Perú. No está comprendida dentro de la presente autorización la adquisición de armas de fuego, municiones y armas químicas o eléctricas”.

El Estado estrangulador de las municipalidades.-

Cuestionamos este proceso de municipalización perversa, por la cual, los organismos del Gobierno Nacional, transfieren responsabilidades a los gobiernos locales, sin acompañar las partidas económicas respectivas. Descentralización municipalizadora ¡sí! Pero con recursos humanos calificados itinerantes y económicos suficientes.